Tras la destitución y captura del presidente Nicolás Maduro por una operación militar estadounidense, Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta, ha asumido como presidenta interina de Venezuela. Su designación fue ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia y respaldada por las Fuerzas Armadas. Rodríguez, cercana aliada de Maduro y figura clave en su gobierno, enfrenta el desafío de navegar una crisis política en medio de presiones internacionales.
El gobierno de Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, ha manifestado su disposición a colaborar con la nueva lideresa interina, advirtiendo también severas consecuencias si no se alinea con sus demandas. En sus primeras declaraciones, Rodríguez ha adoptado posturas aparentemente contradictorias: por un lado, condenó la acción contra Maduro y lo reafirmó como presidente legítimo, y por otro, ha expresado en redes sociales su esperanza de construir una «agenda de cooperación» con Estados Unidos.
Analistas sugieren que este doble discurso podría ser una estrategia para mantener apoyo interno mientras evalúa una posible aproximación a Washington. Su fortaleza política reside en sus estrechos vínculos con el ejército y sectores clave del partido oficialista, así como en su trayectoria dentro de la revolución chavista.
La permanencia de Rodríguez en el poder es incierta. El Tribunal Supremo declaró la ausencia de Maduro como «temporal», lo que le permitiría ejercer la presidencia interina sin convocar a elecciones inmediatas, posiblemente por un período extendido. Este escenario le daría tiempo para consolidar su liderazgo y manejar las profundas divisiones dentro del oficialismo, mientras enfrenta el reto de responder a las exigencias de la administración Trump, que incluyen acceso a la infraestructura petrolera del país.
